11 de noviembre 2021

Jantar Mantar, Nueva Delhi, India

DECLARACION

La Convención Nacional de Trabajadores que se celebra el 11 de noviembre de 2021 en Jantar Mantar, Nueva Delhi, A iniciativa de la Plataforma Conjunta de Confederaciones Sindicales Nacionales, Federaciones Nacionales de Filiales Independientes, Federaciones de toda la India y Asociaciones Nacionales, hace un llamamiento a los trabajadores para que intensifiquen las luchas de resistencia unidas que se realizan contra la implacable búsqueda de políticas destructoras anti-obreras, antipopulares, pro-empresariales y antinacionales por parte del Gobierno de la India, que llevan a la ruina las vidas, los medios de vida de todo el pueblo, así como la economía del país. La lucha actual no es solamente para salvar los derechos, las vidas y los medios de subsistencia del pueblo, sino también para salvar la economía del país, la totalidad del sistema democrático y la sociedad en su conjunto del desastre y la destrucción orquestados por las fuerzas autoritarias en el poder con el apoyo activo de las empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. 

La situación es cada vez peor. El fenómeno del aumento del desempleo va de la mano del incremento de la tasa de pérdida de puestos de trabajo resultante de la destrucción y la extrema erosión de los empleos y medios de vida existentes, lo que arroja no sólo a los trabajadores rurales y urbanos, sino también a generaciones enteras de jóvenes y estudiantes a la pobreza y la desmoralización sin remedio y les priva de cualquier futuro. Los ingresos de la inmensa mayoría han caído por debajo del nivel de supervivencia: durante los dos o tres meses de la segunda ola de Covid, a partir de abril de 2021, los ingresos de 23 millones de trabajadores se han reducido a un nivel muy inferior al salario mínimo legal vigente, que ya estaba por debajo del mínimo de supervivencia. 

Esta situación provoca un aumento alarmante del número de personas que sufren de hambre, incluso entre los trabajadores. Este aumento ha llevado a India al puesto 101 de 107 en el Índice Global del Hambre, que mide el hambre en el mundo, y en este sentido, nuestro país está muy por detrás de sus vecinos. 

Cada una de las políticas y acciones del actual gobierno federal está continuamente dirigida a recortar el derecho a la supervivencia del pueblo sólo en beneficio de un puñado de empresas privadas, nacionales y extranjeras, y quizás también de los que están en el poder. El propio derecho de acceso a los servicios sanitarios no se ha librado de la obsesión del gobierno por la privatización y la desregulación, como demuestra el número de muertes durante la pandemia, especialmente durante la segunda ola, en la que, más que el propio covid, fue la carencia de oxígeno, de camas de hospital y de medicamentos lo que causó más muertes. Al principio, la vacunación masiva fue entregada por el gobierno a las fuerzas del mercado y a las empresas privadas; más tarde, debido a la presión pública, el gobierno tuvo que dar marcha atrás, pero una cuarta parte del mercado de la vacunación – y los beneficios que se pueden obtener de él – siguen estando en manos privadas. 

En medio de tal empobrecimiento y hambruna generalizados, que conducen a casi la mitad de la población a la miseria y por debajo del umbral de la pobreza, los precios de los productos de primera necesidad se disparan hasta niveles insoportables. La subida de los precios no es casual, sino que es posible gracias a las terribles decisiones discriminatorias del gobierno en materia de impuestos, entre otras cosas, en beneficio exclusivo de la pequeñísima capa de la sociedad formada por los grandes empresarios, los grandes industriales y los corredores de bolsa. Los precios de la gasolina, el diésel, el gas de cocina y otros combustibles suben casi a diario como consecuencia del régimen fiscal desbocado, lo que provoca un aumento incontrolado de los precios de todos los bienes, del transporte público y de otros servicios. Casi la mitad de los ingresos públicos proceden de los impuestos sobre los carburantes. Los elevados tipos impositivos indirectos a través del mecanismo del GST (1) sobre las necesidades cotidianas básicas, el aumento de las tarifas de los usuarios de casi todos los servicios públicos, incluyendo la sanidad, la medicina, la educación, etc., aumentan aún más la pobreza, la malnutrición y la angustia entre la masa de la población. 

Al mismo tiempo, el gobierno actual ha bajado descaradamente los tipos del impuesto de sociedades, ha suprimido el impuesto sobre el patrimonio y ha declarado una moratoria en el pago de impuestos, declarando una moratoria en el pago de tasas e impuestos a cargo de las empresas y una moratoria en el pago de la deuda por parte de las mismas corporaciones y grandes empresas que deliberadamente se arruinaron y literalmente hicieron sus fortunas durante este período de crisis y pandemia, aumentando su riqueza en más de un 40 %, todo a costa de la desgracia y la miseria que sufre la mayoría de la población trabajadora. 

El reparto del PIB – creado exclusivamente por los trabajadores – se hace descaradamente en su detrimento, ya que el 1% más rico se lleva el 70 % del PIB mientras que el 50 % más pobre de la población recibe menos del 10 %. De hecho, el gobierno está librando una guerra contra la gente común sólo para servir a sus amos corporativos. Su arrogante negativa a satisfacer al menos las necesidades básicas de supervivencia de la población corriente proporcionando raciones gratuitas y una ayuda a la renta mínima de 7 500 rupias (aproximadamente 88 euros) al mes a todos los hogares que no pagan el impuesto sobre la renta, como exige el Movimiento Sindical Unido, recortando drásticamente la MNREGA, el ICDS (2) y otras prestaciones de la seguridad social con el pretexto de que no queda dinero en las arcas, lo cual refleja esta inhumanidad criminal. 

En medio de esta situación abominable para el país y el pueblo, el gobierno federal se ha apresurado a poner en práctica su irreflexivo plan de privatizar, por múltiples medios, todos los activos productivos nacionales y las empresas de Estado, incluidos los recursos minerales, las instituciones financieras como los bancos y los seguros, sectores sensibles desde el punto de vista de la seguridad, como la producción relacionada con la defensa y los grandes puertos, el petróleo y el gas natural, los ferrocarriles, las líneas aéreas y los aeropuertos, la electricidad, el acero, la ingeniería, las autopistas, las telecomunicaciones y los servicios postales, y la venta de 500 licencias de minería de carbón, etc. Y para facilitar la privatización y, al mismo tiempo, facilitar las cosas a las empresas morosas, el Gobierno ha legalizado el saqueo de los fondos bancarios a través de la deuda mediante la promulgación del Código Concursal de 2016 (3) y su modificación posterior, que permite a las empresas morosas operar libremente sin devolver gran parte de su deuda y obliga a los bancos a renunciar a recuperar el dinero en nombre de la « reactivación ». Cabe señalar que los trabajadores implicados en estos casos no pueden estar representados en el proceso de toma de decisiones. La última decisión es la modificación de las leyes de nacionalización bancaria para privatizar los bancos al mismo grupo de empresas insolventes, para lo cual se presentarán los proyectos de ley en la próxima sesión de invierno del Parlamento. 

Este movimiento de privatizaciones se transformó en algo tan audaz, ambicioso y odioso que durante su última iniciativa el gobierno decidió entregar, casi toda la infraestructura, construida con fondos públicos durante las pasadas siete y media décadas a manos privadas prácticamente sin costo alguno. Este proyecto se llama National Asset Monetisation Pipeline (NAMP). 

Además de la pérdida y destrucción de esta infraestructura, aumentará inevitablemente el precio que deberá pagar la población debido al enorme aumento de las tarifas de los usuarios, a cambio de un efecto de ganancia sin salida y sin inversión. ¿Podemos llevar el amiguismo y la corrupción criminal más lejos? ¿Debemos permitir semejante saqueo de nuestro patrimonio nacional? Este proceso también priva a los Dalits [antiguamente denominados intocables -ndlt], a los residentes de las zonas tribales y a otros grupos desfavorecidos de la sociedad de su derecho constitucional a que se les reserven empleos públicos. 

La ola de privatizaciones no se limita a los sectores de producción y servicios. Mediante la contratación a gran escala y la externalización del trabajo en la mayoría de los departamentos administrativos del gobierno, el conjunto de la administración pública se está privatizando. De hecho, la consigna del gobierno de Modi de reducir drásticamente los puestos administrativos del gobierno y fortalecer la gobernanza se está aplicando mediante la privatización de toda la maquinaria gubernamental y el establecimiento del control total de los grandes contratistas sobre toda la gobernanza. El movimiento de empleados en los gobiernos federales y del Estado, así como en los gobiernos municipales de la mayoría de los Estados, se enfrenta a este ataque. El dinero reservado por el pueblo y por los trabajadores en los fondos de jubilaciones y seguridad social no está exento de este saqueo por parte de las grandes empresas. Los empleados públicos, tanto a nivel federal como del Estado, han sufrido enormes pérdidas a través del Sistema Nacional de Pensiones (NPS). Este sistema también era aplicable a los ciudadanos mediante un mecanismo de contribuciones. En la actualidad, todo el fondo del NPS, tanto el de los empleados públicos como el de los ciudadanos, está fuera de la supervisión y el control reglamentario de la Autoridad de Regulación y Desarrollo de Fondos de Pensiones (PFRDA). Al modificar la Ley PFRDA para poner todos los fondos del NPS bajo la responsabilidad de una empresa privada registrada bajo la Ley de Sociedades, sin prácticamente ninguna supervisión gubernamental, las enormes sumas de dinero, fruto del ahorro para la jubilación y la seguridad social de los empleados y ciudadanos, quedan abiertas a la especulación sin restricciones, poniendo en peligro incluso la escasa pensión disponible en el NPS. En el marco del neoliberalismo, el saqueo y el expolio a costa de la gente ordinaria pueden alcanzar sumas ignominiosas. 

De la misma manera descarada, el sector agrícola del país, que sostiene a más del 60 % de nuestra población, está siendo saqueado en favor de un puñado de sociedades mediante la promulgación de tres leyes agrícolas – diseñadas para una toma total de la tierra y de todo el sector agrícola por parte de las corporaciones. La principal víctima será la seguridad alimentaria de la población, y aumentará la especulación con los productos básicos hasta un nivel insostenible, lo que contribuirá a una inflación incontrolable y a un aumento de precios que afectará terriblemente a toda la población, no sólo a la comunidad agrícola, que será la primera afectada. 

El movimiento obrero es plenamente consciente de la devastación causada por este régimen político destructivo, y ha estado luchando contra él desde el principio. Y las organizaciones campesinas y su plataforma común también han luchado contra estas políticas. Su lucha histórica de casi un año en los suburbios de Delhi para exigir la derogación de las Leyes de Agricultura, el proyecto de ley de electricidad (modificado) y la promulgación del MSP legal (4) y otras cuestiones, con manifestaciones simultáneas y acciones conjuntas en todo el país con trabajadores y sindicatos, han cambiado el juego en la lucha contra la pobreza y le han dado una nueva dimensión. En su arrogancia, el gobierno ha persistido en no responder. La lucha de los agricultores continúa combatiendo todas las ofensivas del gobierno y sus agentes, siendo el último hecho la matanza de agricultores en Lakhimpur Kheri. Pareciera que el hijo de un ministro cometió este crimen, contra el que los trabajadores y campesinos de todo el país han protestado enérgicamente. Nosotros, el movimiento obrero y campesino, debemos continuar esta lucha hasta su conclusión lógica, es decir, la derrota decisiva de este régimen político retrógrado, de la clase poseedora, de los autores de los crímenes y de sus agentes en el gobierno. « Salvar al pueblo y salvar a la nación » debe ser el grito de guerra de nuestra Misión India. 

Sin duda alguna el movimiento de la clase obrera está confrontado a retos. Pero seguimos luchando unidos para hacer frente a estos retos. 

Además de las medidas autoritarias y destructivas en el frente de la política económica, el gobierno está demoliendo gradualmente la estructura de gobernanza democrática, pisoteando todas las normas constitucionales, incluidas las disposiciones parlamentarias básicas. Se ha promulgado la ley UAPA (5), especialmente retrógrada, y el gobierno trata de reprimir cualquier oposición o disidencia a sus políticas mediante arrestos, detenciones en virtud de la cláusula de sedición y el abuso inicuo de los organismos de investigación y seguridad interna CBI, ED, NIA, etc., creando así un clima de terror. Al mismo tiempo, las maquinaciones de las fuerzas divisorias comunales patrocinadas por el gobierno son especialmente activas a la hora de desviar la atención hacia cuestiones que no son de interés y centrarla en las divisiones comunales y de casta. 

Los Códigos del trabajo que fueron promulgados derogan 29 leyes laborales existentes y estos nuevos Códigos pretenden demoler y cambiar por completo las condiciones de trabajo, los derechos de los trabajadores en el lugar de trabajo y los derechos sindicales en favor de los empresarios. El gobierno también decretó la Ley de Servicios Esenciales de Defensa que restringe y anula las disposiciones sobre el derecho de manifestación y huelga en el sector de la producción de [material de armamento – ndlt] defensa, al tiempo que permite al gobierno ampliar esta prohibición a cualquier segmento de la industria y los servicios en función de su vinculación con la producción de defensa. Esto no es más que un plan para imponer condiciones de virtual esclavitud a los trabajadores con el fin de garantizar el « derecho al trabajo » para satisfacer las necesidades de los patrones, tanto nacionales como extranjeros. Las normas de los Códigos laborales, que en muchos casos han ido más allá de las disposiciones de los Códigos al restringir los derechos de los trabajadores, están siendo aplicadas unilateralmente por el gobierno federal y en muchos Estados, sin tener en cuenta la oposición y los comentarios de los sindicatos. 

En esta situación de continuas acciones autoritarias por parte de todo el gobierno en los ámbitos de la economía, el sistema político y la sociedad en su conjunto, los trabajadores deben intensificar su intervención unida para exigir el fin de estos ataques a la vida, los medios de subsistencia y el empleo, el fin de la alarmante hambruna y el empobrecimiento, y el fin de los ataques a la democracia y la unidad del pueblo para salvar del desastre a nuestra querida nación. La Plataforma Común de Confederaciones Sindicales debe desempeñar un papel de dirección decisivo en la construcción de una fuerte resistencia a este régimen destructivo y desastroso dirigido por las empresas. Debemos exigir a todos los partidos políticos de toda la nación que incluyan en su plataforma « la protección del derecho al trabajo, el salario digno, la sanidad y la educación gratuitas y de calidad para todos los ciudadanos y todos los derechos constitucionales » para las próximas elecciones a la Asamblea de 2022 y para las próximas elecciones presidenciales de 2024 y que se comprometan públicamente con sus propuestas y apoyen las reivindicaciones de los trabajadores, de los agricultores y de todo el pueblo del país si llegan al poder. La repentina reducción de los precios de la gasolina y el diésel tiene más que ver con la debacle del partido federal en el poder en las recientes elecciones parciales que con las crisis que sufre la población. Ahora le toca al régimen gobernante estar en crisis en el próximo periodo. 

Programa de acción

Manifestaciones masivas el 26 de noviembre en todo el país al finalizar la huelga general de un año contra las políticas antipopulares y antinacionales y la histórica Marcha de los Campesinos sobre Delhi. Es necesario hacer todo lo posible por coordinarse con las organizaciones campesinas para organizar manifestaciones unificadas siempre que sea posible. 

Convención conjunta a nivel estatal en todos los Estados para planificar más acciones conjuntas como convenciones conjuntas a nivel regional o de distrito durante noviembre y diciembre. 

Reuniones conjuntas de los sindicatos de los servicios públicos 

Una amplia y vigorosa campaña unida contra las decisiones políticas a nivel de base, mediante reuniones conjuntas de las ramas en el lugar de trabajo, campañas de firmas y cualquier otra forma que se decida a nivel estatal durante diciembre de 2021 y enero de 2022. 

Manifestaciones a nivel estatal y regional mediante reuniones masivas, manifestaciones, ocupaciones, sit-ins (sentadas) para alertar a la población, que culminarán con una huelga hacia mediados de enero. 

Dos días de huelga general durante la sesión parlamentaria sobre el presupuesto de 2022 (fechas por concretar) 

La Convención Nacional hace un llamamiento a la población trabajadora, al pueblo en su conjunto, para que los dos días de huelga sean un éxito masivo con el fin de enfatizar la lucha actual para « Salvar al pueblo y salvar a la nación ». 

(1) GST Impuesto sobre bienes y servicios: impuesto indirecto que se aplica en cada punto de venta de bienes y servicios. 

(2) Ley de Garantía de Empleo Rural Mahatma Gandhi 2005 

ICDS Integrated Child Development Scheme (Plan de Desarrollo Infantil Integrado) 1975 Plan para abordar los problemas de malnutrición y salud de los niños pequeños y las mujeres embarazadas. 

(3) Ley que consolida y modifica las leyes relativas al saneamiento y a la resolución de la insolvencia de las personas jurídicas, las sociedades y las personas físicas 

(4) Política agrícola del PSM 

(5) La Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA), promulgada el 30 de diciembre de 1997, es una ley antiterrorista dirigida principalmente contra las organizaciones islamistas (o supuestas organizaciones islamistas) 

[*] Mecanismo de negociación Permanente (PNM)