AZANIA/ÁFRICA DEL SUR Hace 9 años y no se ha rendido justicia a los mineros masacrados de Marikana ni a sus viudas y a sus hijos que quedaron huérfanos

¿Cuál es la razón de la ofensiva de los Estados Unidos contra China? Han pasado casi 10 años desde el trágico día en el que la policía sudafricana, herencia del régimen del apartheid, actuó siguiendo las instrucciones del actual presidente del CNA y de Azania/ Africa del Sur – Cyril Matamela Ramaphosa –, quien en persona dejó claro que la reivindicación de los trabajadores en aquel momento era criminal y exigió lo que denominó « acción concomitante » de la policía. 

En consecuencia, más de 34 trabajadores fueron masacrados en una lluvia de balas, dejando huérfanos y viudas. Otros quedaron discapacitados físicamente. No obstante hasta la fecha el gobierno del CNA se ha negado a indemnizar y pagar la reparación por una acción tan horrible que ha dejado profundas cicatrices no sólo en los corazones de los afectados, sino también en los de toda la clase trabajadora de Azania y del extranjero. 

El caso de las 328 víctimas de la masacre de Lonmin en Marikana está en el Tribunal Superior de Johannesburgo. Es un ejemplo más de la colaboración entre el gobierno y las multinacionales para encubrir las atrocidades de la explotación y las violaciones de los derechos humanos perpetradas contra la clase obrera y los pobres. Este caso demuestra la voluntad del gobierno del CNA de negar todo acto reprensible en Marikana, lo que no sólo revela la podredumbre dentro del sector minero, sino que también compromete al sistema de justicia en la incoherencia y la colaboración. 

Así, la Comisión Farlam sobre la masacre de Marikana no ha dado ningún resultado como tampoco ha hecho justicia, al igual que el Comité de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de 1996, en el que las víctimas se convirtieron en los autores de su propio sufrimiento, mientras que los verdaderos culpables se convirtieron en los paladines de la justicia. Ramaphosa fue incluso recompensado con el cargo más alto del país en la conferencia del CNA en Mangaung en 2012, donde se convirtió en vicepresidente del CNA y luego del país. 

Hoy estamos confrontados a otra batalla para que los mineros y las viudas obtengan lo que se les debe. 

Sin embargo, si analizamos la situación más de cerca, descubrimos que el juez que preside el juicio en el Tribunal Superior era también accionista de Lonmin Plc, que ahora se llama Sibanye Platinum, implicada en el caso por el que las víctimas de la masacre de Lonmin en Marikana buscan justicia. 

Se descubrió que el juez Colin Lamont poseía acciones de Lonmin Plc y las vendió dos días antes de ser interrogado en un proceso de recusación por el que las viudas y los mineros han presentado una demanda civil en la que reclaman más de 1.000 millones de dólares por daños y perjuicios a Ramaphosa, al gobierno y a Lonmin Plc. 

Este descubrimiento demuestra que Ramaphosa y sus afines en el sector minero están plenamente implicados en las diversas maniobras para garantizar que no se haga justicia por la masacre de Lonmin en Marikana, incluso continuando a asesinar a los mineros supervivientes. En los últimos 8 años ha habido una verdadera cacería humana. En 2012, por ejemplo, algunos mineros fueron asesinados cuando huyeron o se entregaron a la policía. Estas acciones son intentos desesperados de silenciar a los trabajadores que ahora se encuentran en condiciones mucho peores que aquellas contra las que luchaban el fatídico día del 16 de agosto de 2012. 

El caso también se ha retrasado por el temor del gobierno del CNA a que el pago de indemnizaciones o reparaciones a los mineros y a las viudas constituya una confesión pública de culpabilidad y justifique el llamado a juzgar a Ramaphosa por crímenes contra la humanidad, cuando desempeñó un papel clave en el ataque contra los trabajadores El caso también se ha retrasado por el temor del gobierno del CNA a que el pago de indemnizaciones o reparaciones a los mineros y a las viudas constituya una admisión pública de culpabilidad y justifique la petición de juzgar a Ramaphosa por crímenes contra la humanidad, cuando desempeñó un papel clave en el ataque a los inofensivos trabajadores de las minas. 

La ironía de todo esto es que el mismo Ramaphosa fue en otra época el secretario del sindicato de mineros más importante de los mineros (NUM). 

Es muy importante que los activistas del Boletín Newsletter Black Republic sigan y apoyen este caso judicial, que aporten su apoyo porque esta acción en justicia constituye un llamado a apoyar a los trabajadores y a las viudas de la masacre de Lonmin. 

Nuestra posición sigue siendo la misma: la masacre de Lonmin en Marikana sigue siendo una atrocidad de la clase obrera, y requiere que todas las organizaciones de la clase obrera y de los pobres se unan en un llamamiento a la justicia y a que Ramaphosa sea juzgado por su papel en la masacre.