BURUNDI ¿Un censo? La clase obrera no tiene etnia

Asamblea de maestros en huelga en Burundi en agosto de 2020.

Editorial de Tribuna libre de los trabajadores ikinyamakuru c´abakozi, n° 122, revista mensual del Partido de los Trabajadores y de la Democracia -PTD “Twungurunani”

El imperialismo siempre está al acecho para proseguir con la demolición de las fuerzas productivas, comenzando por la clase obrera y sus organizaciones. Fue el 26 de octubre del 2020 que comenzó un censo de los funcionarios en todo el país como lo había anunciado el ministro de la Función Pública. ¡Ciento nueve preguntas planteadas a los trabajadores en el marco de ese censo! La etnia, la cuenta bancaria, la pertenencia a un sindicato, la geolocalización, el correo electrónico personal y privado, el número de hijos y otros menores a cargo, la marca del teléfono celular, el monto del salario y otros ingresos… esa es una parte del área de aplicación cubierto por esas preguntas. Uno recuerda que, en el transcurso de su primera emisión pública, el presidente Ndayishimiye tiró por la borda la exigencia constitucional de declaración de bienes por los responsables públicos al principio y al final de su mandato, declarando que eso tiene que ver con “¡el secreto de cada quien!”

En una conferencia de prensa llevada a cabo el pasado martes 27 de octubre, las Confederaciones Sindicales Cosybu, CSB y Cossessona denunciaron un censo que atenta contra la vida privada de los funcionarios. Para el presidente de la Cosybu, Celestin Nsavyimana: “Es incomprensible pedirle a un funcionario a qué sindicato pertenece, si está satisfecho o no, de qué bienes y de qué fuentes de ingreso dispone… no es normal”. Además, añade, “tu superior jerárquico no tiene el derecho de saberlo”. Afirma que estas preguntas ponen en entredicho la vida privada y la libertad sindical. Según él, se trata de la violación de los artículos 19 y 37 de la Constitución de Burundi y de los Convenios 87 y 98 de la OIT que consagran el derecho a la organización y a la negociación colectiva, la libertad sindical y la protección del derecho sindical. Muchas interrogaciones e inquietudes aparecen entre los trabajadores. Según un profesor interrogado por el periódico Iwacu, la cuestión de la etnia es la más embarazosa. Para él, “Para ser reclutado en la función pública, por lo que sé, se estiman las competencias, no la etnia. Esa cuestión debería ser parte de la política, no del trabajo”. Otra mujer trabajadora del Instituto de Estadística y de Estudios económicos de Burundi (ISTEEBU) se inquieta con algunas preguntas “extrañas”, como la del salario: “¿Qué quieren saber de nuestro salario? Se podría pensar que quieren sustraer una suma como lo hicieron para las elecciones”, se interrogaba esta señora. La pregunta que concierne a “la mutación” también le producía temor: ¿“si fueses mutada, a cuál de las provincias te gustaría ir?” Ella estima que es una pregunta-tramposa. “No quise responder a esa pregunta, pero mi censor me obligó a hacerlo”.

En resumen, increíble. El trabajador, el funcionario en este caso, solamente está ligado a su empleador (el Estado) a través de relaciones de trabajo no individualizadas y consignadas en el Código del Trabajo, los convenios colectivos y el estatus general del funcionario. El realizar este censo traduce el empeño del gobierno por poner en entredicho las referencias comunes a los trabajadores y que son parte integrante de lo que constituye el Estado, es una amenaza contra la clase obrera que ha estado siempre unida frente a las divisiones étnicas que han destrozado al país y continúan devastándolo. Esas divisiones; de manera cíclica, fueron empujados hasta las guerras étnicas contra los trabajadores, los campesinos y la juventud que están unificados por las condiciones de miseria y de ausencia de un mínimo de libertades democráticas que les son impuestas por el imperialismo. Estas condiciones están ligadas a la aplicación de las políticas del capital bajo la égida de las potencias del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea que impulsan estas políticas de privatización, de pillaje de los diferentes recursos [naturales -ndlt] del país y el reembolso de la deuda externa.

Los intereses de la clase obrera en este país exigen el respeto de sus derechos consignados en el Código del Trabajo, los convenios colectivos, el estatuto general de los funcionarios y los Convenios de la OIT que el gobierno de Burundi ha ratificado. Decretan la aplicación de un vasto programa de trabajos públicos para acabar con el desempleo y el aumento generalizado de salarios indexados al costo de la vida.

Decretan la ruptura con el imperialismo a través de la renacionalización de todos los servicios y sectores que han sido privatizados y de la nacionalización de todas las riquezas y recursos del país.