El Tratado de libre-comercio Unión Europea-Mercosul : Una amenaza contra el medio ambiente y los derechos sociales
El Tratado de libre-comercio anunciado recientemente por el gobierno, del Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay) y la Unión Europea (UE) durante la reunión del G20 en Japón tendrá un efecto devastador sobre las industrias del Cono Sur al mismo tiempo que aumentará las posibilidades de deslocalización de la industria europea.
Según éste Tratado, que debe ser ratificado todavía en un plazo de cinco a diez años por los Parlamentos de los países de América del Sur y de los países miembros de la Unión europea, estos países ingresarán en el Bloque Mercosul-UE exentos del impuesto de importación. En lo que concierne a la industria automovilística (hoy un 35%), las piezas de recambio (actualmente estimado en un 14% al 18%), los equipamientos industriales (del 14% al 20%), los productos químicos (hasta el 18%), las industrias textiles (hasta un 35%) y las farmacéuticas (14%).
Además, las industrias europeas podrán introducir, sin barreras aduaneras, productos agro-alimentarios sofisticados como el vino (actualmente tasadas un 27%), los chocolates (20%), las bebidas alcohólicas (20% a 35%), los quesos (28%), las galletas (del 16% al 18%), las conservas de pescado (55%) e incluso las bebidas no alcohólicas (20% al 35%).
La misma suerte sufrirá el sector de Servicios que deberá abrir sus puertas a las empresas extranjeras que actualmente no pueden actuar abiertamente en los países del Mercosul.
La grave amenaza que pesa sobre el medio ambiente procede del hecho de que el Tratado incluye la denominación
“derecho del inversor”, es decir, el derecho para las empresas multinacionales instaladas en uno de los países del Tratado de considerar que las leyes “del medio ambiente” amenazan sus beneficios, y de exigir una tabla de soluciones para la ”resolución de conflictos” (sin ningún control democrático de los Estados nacionales), así como también importantes indemnizaciones y compensaciones. Por ejemplo, las leyes consideradas como obligatorias contra la deforestación de la Amazonia y que afectarán a la producción agro-alimentaria, la extracción de mineral, o los bosques, podrán limitarse, ser revocadas o “suavizadas” conforme al “derecho del inversor”.
Si la deforestación ha aumentado considerablemente en la Amazonia desde la llegada al poder de Bolsonaro, el Tratado UE-Mercosul puede convertirse en un freno para la aplicación y el reforzamiento de las leyes en vigor de defensa del medio ambiente contra las empresas infractoras.
El “derecho de los inversores” es igualmente una potente arma de las multinacionales contra los derechos humanos y sociales de los países afectados por el acuerdo de libre-comercio.
Tras la firma del Acuerdo de librecomercio entre el Mercosul y la UE, el Gobierno Bolsonaro se declara dispuesto a establecer un ambicioso tratado comercial bilateral con los Estados Unidos. Lo que induce a pensar que el acuerdo Mercosul-UE, iniciado por los gobiernos del PT en Brasil y de Kirchner en Argentina podría ser utilizado como la llave para conseguir su verdadero objetivo de libre-comercio con Estados Unidos.
Corresponsal en Brasil